Guadalajara, Jalisco (23 de marzo de 2026). La Contraloría ciudadana a cargo de Alejandra Guadalupe Hernández Santillán, tiene la tarea de combatir la corrupción en el Gobierno de Guadalajara que encabeza la Alcaldesa emecista Verónica Delgadillo, pero ha tenido escasos resultados.
El denominado Órgano Interno de Control (OIC) liderado por Hernández Santillán representa un cargo al erario de 2.2 millones de pesos brutos al mes por concepto de sueldos, apoyos para despensa y transporte, quinquenio y otras percepciones de un total de 84 empleados.
La contralora ciudadana que entró en funciones el 8 de noviembre de 2024 cobra 83 mil 438 pesos mensuales, sin descontar aún impuestos, por desempeñar su cargo relacionado con el combate a los actos de corrupción de servidores públicos municipales.
Reportes de Transparencia de Guadalajara exponen que, durante el periodo de Hernández Santillán, en la Contraloría tapatía no se ha registrado ningún procedimiento por falta administrativa contra algún servidor público y que haya concluido con la aplicación de una sanción.
Si bien desde enero de 2025 a febrero de 2026 el OIC del Municipio ha reportado la conclusión de 25 procedimientos contra empleados públicos, 16 de ellos terminaron sancionados, todos esos casos corresponden a recursos iniciados entre octubre de 2019 y septiembre de 2024.
Es decir, los asuntos que ha resuelto la Contraloría ciudadana fueron heredados durante los periodos de Ignacio Lapuente Rodarte, Enrique Aldana López y Cynthia Cantero Pacheco.
En 2025, por ejemplo, culminaron 23 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados entre octubre de 2019 y septiembre de 2024.
En 15 de esos casos, se reporta la aplicación de sanciones que van desde amonestación pública, suspensión del empleo de tres a 30 días, e inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos.
Mientras que, entre enero y febrero de 2026, únicamente se registró la culminación de dos procedimientos, y sólo uno de ellos que inició en marzo de 2024 derivó en inhabilitación temporal del empleo por un año, pues el infractor del que no se reveló nombre, presentó en incapacidades apócrifas.
contralora ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara.
REALIDAD GDL publicó el 17 de marzo pasado que la actual Administración de Guadalajara que ha enfrentado señalamientos por probable corrupción, engordó el gasto en nómina 13.56 por ciento, pasando de 251.02 millones de pesos en octubre de 2024 a 285.06 millones en enero de 2026.
Desde que inició el periodo de la Alcaldesa Delgadillo el 1 de octubre de 2024, el Gobierno tapatío ha sido expuesto por pagar 22.22 millones de pesos a una empresa “fantasma” por útiles, uniformes y calzado escolar; el proveedor José Rafael Villa Cortés no fue ubicado en el domicilio que dijo tener.
Además, se han detectado casos de probable nepotismo como la contratación de Javier Secundino Romo, hermano del secretario general del Municipio, José Manuel Romo; se concesionó una Calle a la empresa Industrializadora de Mantecas, y se “regaló” el uso de la imagen de La Minerva a Marcas Nestlé.
La contralora Hernández Santillán laboró como directora jurídica y titular de Transparencia del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), cuando el titular de ese ente era Mario Silva Rodríguez, actual jefe de Oficina de Presidencia en Guadalajara.
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