Guadalajara, Jalisco (14 octubre 2026). Secundando a la líder nacional morenista Ariadna Montiel Reyes, diputados de Morena, Hagamos, Futuro y PT en el Congreso de Jalisco, exigieron cesar al titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, por abuso policial contra manifestantes.
El 11 de octubre 10 mil personas marcharon en Guadalajara para exigir que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), deje de distribuir líquido sucio en el Área Metropolitana de Guadalajara; pero, al llegar a Casa Jalisco fueron reprimidas por la Policía del Estado.
La represión policial dejó como saldo 39 detenidos que ya fueron liberados, y 31 civiles y 28 policías heridos; aunque inicialmente el Gobierno de Jalisco intentó responsabilizar a un presunto grupo de infiltrados en la marcha, ayer el Gobernador emecista Pablo Lemus aceptó que hubo abuso policial contra manifestantes.
La líder nacional morenista Montiel Reyes exigió ayer el cese del secretario de Seguridad de Jalisco por los abusos cometidos en la marcha contra el agua sucia, y hoy diputados locales de Morena, Hagamos, Futuro y PT se sumaron a la demanda.
“A la luz de los acontecimientos (donde) cuerpos de la Policía estatal ejercieron violencia ilegal y actos de represión en contra de personas manifestantes, solicitamos la destitución inmediata del titular de la Secretaría de Seguridad (…), Juan Pablo Hernández González”, indicaron los legisladores en un comunicado.
“Con el objetivo de fincar responsabilidades a los autores intelectuales y/o materiales de (la represión), le exigimos al Gobernador Pablo Lemus, inicie, de manera inmediata, el proceso de separación de su cargo de todos los funcionarios y servidores públicos responsables de la represión en contra de manifestantes”, añadieron.
Los diputados de Oposición, además, demandaron la reparación integral del daño y las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan, en favor de las más de 50 personas que fueron víctimas de violencia y detenciones durante las protestas por su derecho a recibir agua limpia, segura y de calidad.
Asimismo, exigieron al Poder Judicial local que desista de cualquier intento de imputar o juzgar a manifestantes inocentes y, en cambio, pidieron que se finque la respectiva responsabilidad a aquellos que instruyeron, solaparon o ejecutaron las agresiones.
