Guadalajara, Jalisco (15 de agosto 2025). Ante una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ayer se esperaba que el Gobierno de Jalisco ofreciera una disculpa pública por omisiones cometidas en agravio de cuatro personas desaparecidas en 2010, pero el Ejecutivo se limitó a reconocer la falta.
La autoridad estatal pretendía, inicialmente, que la disculpa se realizara a puerta cerrada en Palacio de Gobierno con familiares de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz, las víctimas de desaparición.
Sin embargo, ante presiones de los afectados y organismos civiles, optaron por hacer público el acto, pero en lugar de disculpa fue reconocimiento de responsabilidad institucional por las omisiones de la extinta Procuraduría del Estado en el caso de las cuatro personas desaparecidas en los límites de Jalisco y Zacatecas.
La CNDH había establecido que la Fiscalía estatal debía realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones al derecho humano de acceso a la justicia, en agravio de las víctimas de desaparición.
El reconocimiento de responsabilidad incluyó la vulneración al derecho a la verdad y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas indirectas María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez.
El evento de reconocimiento de responsabilidad de responsabilidad institucional fue encabezado por el secretario general del Ejecutivo estatal, Salvador Zamora; y participaron Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco; y Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH.
“En cumplimiento a la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, dijo Zamora.
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