‘Tunden’ a Morena: PRI y PAN exigen blindaje vs ‘morenarcos’
Guadalajara, Jalisco (5 de mayo de 2026). Ante casos de funcionarios morenistas ligados al narco, los dirigentes del PRI y PAN en Jalisco, Laura Haro y Juan Pablo Colín, “tundieron” a Morena y exigieron blindaje para que en procesos electorales no sean postulados “morenarcos”.
El PRI Jalisco endureció su postura frente a Morena y aseguró que los señalamientos nacionales por presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado no son hechos aislados, sino parte de una crisis estructural que también tiene expresiones en Municipios de Jalisco.
El 29 de abril se dio a conocer que el Gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos de Morena, fueron denunciados junto con otros ocho funcionarios en Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Mientras que, en Jalisco, el 5 de febrero fue detenido el Alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación; y al senador morenista Carlos Lomelí le han hecho señalamientos porque empresas con las que estaría relacionado habrían incurrido en corrupción.
En rueda de prensa, la dirigencia estatal priista sostuvo que existen elementos suficientes para cuestionar la legalidad y el actuar de Morena como partido, al que acusó de permitir la infiltración del crimen organizado en la política y en procesos electorales.
En ese sentido, reiteró que ya se han presentado solicitudes formales para que pierda el registro, al considerar que se actualizan causales previstas en la Ley General de Partidos Políticos, particularmente en materia de financiamiento ilícito.
Como parte de su posicionamiento, el PRI retomó el caso de Sinaloa y del Gobernador Rocha Moya, al que señaló como ejemplo de las consecuencias de lo que calificó como una relación permisiva entre poder político y criminalidad.
Afirmó que los niveles de violencia, homicidios y afectaciones económicas en esa entidad reflejan el impacto de Gobiernos que han fallado en garantizar seguridad.
En el plano local, la dirigencia priista puso el foco en el Municipio de Tequila, gobernado por Morena, donde aseguró que persisten denuncias por violencia política en razón de género y un deterioro en las condiciones de gobernabilidad.
A pregunta expresa de medios, señalaron que fueron representantes del PRI en ese Ayuntamiento quienes promovieron denuncias formales, y advirtieron que la situación no ha mostrado mejoría.
El partido también amplió la crítica a otros Gobiernos Municipales morenistas en Jalisco, al mencionar casos como Tlaquepaque, donde acusó presuntas irregularidades en contratos públicos, particularmente en procesos de licitación.
En paralelo, el PAN Jalisco fijó su postura y anunció la presentación de una iniciativa denominada “Ley Antimorenarcos”, con la que busca blindar los procesos electorales frente a la posible infiltración del crimen organizado.
La propuesta contempla establecer como obligatorios diversos filtros para aspirantes a cargos públicos, como la carta de no antecedentes penales, exámenes de control de confianza, pruebas antidoping y polígrafo, con el objetivo de evitar que perfiles bajo sospecha accedan a candidaturas.
El dirigente estatal del PAN, Colín, advirtió que el País enfrenta un momento crítico y cuestionó que se minimicen los problemas de violencia e inseguridad. Además, emplazó a Morena a asumir su responsabilidad y explicar los criterios con los que define sus candidaturas.
Con miras al proceso electoral de 2027, tanto PRI como PAN coincidieron en que la seguridad y la posible intervención del crimen organizado serán temas centrales en la disputa política.
