Piso Minado | 18 de agosto 2025
Disculpa ‘simulada’ en Gobierno estatal
Que no se diga que en la Administración del Gobernador Pablo Lemus se andan con “simulaciones”, menos cuando se trata de víctimas de desaparición.
Resulta que el jueves de la semana pasada se esperaba que, ante una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de Jalisco ofreciera una disculpa pública a las víctimas y sus familiares.
La esperada disculpa sería porque en 2010, ante la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz en los límites de Jalisco y Zacatecas, la autoridad estatal fue omisa violando el derecho de acceso a la justicia.
Y aunque en un evento encabezado por el secretario general Salvador Zamora se pretendía ofrecer la disculpa a puerta cerrada, debido a algunas presiones se optó porque el acto fuera público, pero en lugar de disculpa sólo se reconoció la “responsabilidad institucional”.
Fue como decir: sí, pero no, se tiene culpa por no actuar correctamente ante las desapariciones, y háganle como quieran.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Presunta corrupción en Gobierno de GDL
¡Qué nervios! Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, anunciaron que denunciarían por la vía penal y administrativa a funcionarios de la Administración de la emecista Verónica Delgadillo, por supuestos actos de corrupción.
Aunque al grupo edilicio morenista que coordina Juan Alberto Salinas se nota que le gusta la “grilla”, parece que este asunto de las denuncias va muy en serio.
Los argumentos para denunciar a funcionarios de Guadalajara ligados a supuesta corrupción, se basan en que se habrían desviado recursos de partidas presupuestales para la adquisición de 124 vehículos, incluyendo algunos de lujo, que en suma costaron 345 millones de pesos y sólo se tenían asignados 57 millones.
Otra de las causas para denunciar se basa en que el Gobierno de Verónica Delgadillo activó programas sociales, y hasta entregó los recursos que se ofrecían a beneficiarios, sin tener reglas de operación que debía aprobar el Cabildo.