Debe GDL compensar robo de cadáver fetal en panteón
Guadalajara, Jalisco (16 de febrero de 2026). Por incumplir su deber e inadecuada prestación del servicio público, el Ayuntamiento de Guadalajara que encabeza la Alcaldesa emecista Verónica Delgadillo, debe compensar a víctimas del robo de un cadáver fetal ocurrido en el Panteón Jardín.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 1/26 en la que se acreditó la responsabilidad institucional del Gobierno tapatío, respecto a la profanación y desaparición de un óbito fetal que se registró en octubre de 2024.
El organismo garante de derechos humanos reportó que, el quejoso y su esposa, habían inhumado legalmente el 9 de julio de 2022 a su hijo fallecido como óbito fetal de ocho meses de gestación.
Sin embargo, al acudir a visitar la tumba el 20 de octubre de 2024, se percataron que estaba dañada, con el cemento demolido y sin el ataúd ni el cuerpo.
Tras realizar una investigación, la CEDHJ constató que la tumba fue profanada y que el cadáver había sido sustraído sin que se conozca su paradero.
Aunque no se ha logrado identificar a la persona autora material de la profanación, el organismo documentó que el Panteón Jardín operaba en condiciones estructurales de inseguridad, las cuales eran conocidas por la autoridad municipal.
La Comisión recomendó inscribir a las víctimas indirectas del robo de cadáver fetal en el Registro Estatal de Víctimas, para que se les otorgue atención y reparación integral que proceda conforme a derecho, así como garantizarles atención psicológica y tanatológica el tiempo que resulte necesario.
“(Que Ayuntamiento tapatío analice) la procedencia de otorgar una compensación económica a las víctimas indirectas por los gastos de inhumación y pagos realizados al panteón, previa presentación de los comprobantes respectivos”, sostuvo la CEDHJ.
También se recomendó someter a consideración del Cabildo de Guadalajara, asignación presupuestal en 2027 para la rehabilitación del panteón, incluyendo reparación de barda perimetral y sistema de videovigilancia, para asegurar su funcionamiento y garantizar protección integral de derechos humanos.