Alarma violencia vs buscadoras de desaparecidos en México

Guadalajara, Jalisco (1 octubre 2026). Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertaron que las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México, enfrentan niveles alarmantes de violencia en un contexto de impunidad casi total.

Los expertos Andrea Bolaños Vargas, Morris Tidball-Binz, Grażyna Baranowska, Gabriella Citroni, Aua Baldé, Mohammed Al-Obaidi, Claudia Flores, Ivana Krstić, Dorothy Estrada-Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi, indicaron que buscadoras enfrentan violencia que derivan en su desaparición o asesinato.

“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, mencionaron al instar a las autoridades a cumplir sus obligaciones de protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Expusieron, además, casos recientes en el Estado de Sinaloa donde, el 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.

Ese mismo día, indicaron, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.

Asimismo, tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.

En febrero de este año, una de las integrantes de ese colectivo, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio en Mazatlán.

Los expertos de la ONU señalaron que esta violencia contra buscadoras se produce en un contexto de “impunidad casi total”, que favorece la actuación de los responsables.

Aseveraron que la participación de las familias en la búsqueda de desaparecidos constituye una parte fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; sin embargo, puntualizaron que la responsabilidad principal corresponde al Estado.

“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, resaltaron.